En este Taller se expuso que, bajo la anuencia del Estado, el sistema extractivista llevado a cabo en el río San Rodrigo, en Coahuila, desde hace tres décadas se caracteriza por lo depredador de sus prácticas y los daños al ecosistema y la biodiversidad; por ser violatorio de derechos fundamentales, ha agudizado el rezago de las comunidades ribereñas.

Los Gobiernos de América Latina y el Caribe pueden hacer historia y establecer nuevas normas de protección del medio ambiente y los derechos humanos firmando el Acuerdo de Escazú durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 27 de septiembre; así lo ha afirmado hoy Amigos del Río San Rodrigo, A.C., en una carta conjunta firmada por más de dos centenares de organizaciones de la sociedad (OSC) civil y entregada a los jefes de Estado de los 33 países de la región.

En este trabajo, que se presentó el 3 de agosto de 2018 en el "Foro Minería y fracking en Coahuila", que se desarrolló en la Universidad Vizcaya de las Américas campus Piedras Negras, se hace un esbozo de la Reforma energética; de la cuenca de Burgos con especial atención al estado de Coahuila y más particularmente a las regiones Norte y Carbonífera; se identifican los pozos en los que se ha utilizado fracturamiento hidráulico y se señalan los riesgos de esta técnica sobre los acuíferos, el suelo, la atmósfera, la sismicidad y la salud de la población.

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